La gestión de una comunidad de propietarios tiene como uno de sus objetivos principales la toma de decisiones colectivas que afectan a todos los propietarios. Uno de los aspectos fundamentales es la determinación de las cuotas que debe pagar cada uno de los miembros de la comunidad y los coeficientes asociados a las mismas. Sin embargo, cuando existen desacuerdos en cuanto a la forma de repartir estas cuotas, pueden surgir problemas legales y financieros. Abordaremos en los siguientes párrafos una pregunta que entra al despacho de manera recurrente y utilizaremos para la explicación un caso concreto: la situación en la que una propietaria busca impugnar la aplicación de coeficientes erróneos en una comunidad de propietarios y las implicaciones legales asociadas.
Los acuerdos en una comunidad de propietarios
La Ley de Propiedad Horizontal establece la legalidad de las comunidades de propietarios en España y marca con claridad las pautas para la toma de decisiones en juntas de propietarios. Los acuerdos tomados en estas juntas son vinculantes para todos los miembros de la comunidad. Esto incluye la forma en que se calculan y distribuyen las cuotas de la comunidad.
La problemática de cambiar la forma de cálculo de las cuotas y el coeficiente
En el escenario mencionado, una propietaria optó, de manera unilateral, por pagar su cuota de la comunidad de acuerdo con el coeficiente que se establece en los estatutos de la comunidad, calculado a partir de los ingresos totales comunitarios. Sin embargo, previamente, la comunidad había acordado pagar cuotas iguales para todos los propietarios. Este cambio plantea preguntas sobre la validez y la aplicabilidad de los acuerdos previos.
Impugnación por reparto incorrecto de gastos
Si un propietario busca impugnar una decisión de la comunidad que ha afectado el reparto de los gastos, es fundamental entender que esta impugnación debe estar respaldada por motivos legales sólidos. En este caso, cualquier propietario puede alegar que los acuerdos anteriores establecían el reparto de cuotas de manera diferente a la que se está aplicando ahora sobre un único vecino y que no se han seguido los procedimientos adecuados para modificarlo, amén de una modificación de los gastos aplicada de manera exclusiva por una sola propietaria que conlleva una posible morosidad por parte de la vecina que ha aplicado la corrección.
Más allá de una impugnación, existe la reclamación oficial previa de un acuerdo en junta para llevar a cabo el cambio. Si no existe acuerdo, los gastos de comunidad deben seguir pagándose a partes iguales. No es legal realizar este tipo de cambios en el reparto de cuotas si no hay un acuerdo reflejado en el acta de una junta de propietarios.
Negligencia del administrador y asesoramiento legal especializado
El administrador de la comunidad desempeña un papel importante en la gestión de estos asuntos. En la situación presentada, el administrador informó que, si no se impugnan las cuentas, se continuaría aplicando la cuota acordada. Sin embargo, si alguien impugna esta decisión, se deberán aplicar los coeficientes establecidos en los estatutos. Esto es a todas luces incorrecto, pues los coeficientes a aplicar no son los reflejados en los estatutos sino los acordados en una junta de vecinos producida con posterioridad, sobre la que ningún propietario ha mencionado oposición alguna.
En casos complejos como este, donde se mezclan legalidad, desconocimiento de la ley por parte del administrador y toma de decisiones ajenas a los acuerdos por parte de determinados vecinos, es recomendable buscar asesoramiento legal especializado. Un abogado con experiencia en asuntos de comunidades de propietarios puede evaluar la situación, analizar los documentos y procedimientos aplicados y proporcionar orientación sobre el curso de acción más adecuado.
Conclusión
La gestión de una comunidad de propietarios implica la toma de decisiones colectivas que afectan los intereses de todos los propietarios. Cambiar la forma de repartir las cuotas es una decisión significativa que debe seguir los procedimientos legales establecidos en la L.P.H. y jamás debe aplicarse por cuenta y riesgo de un sólo propietario. Cualquier propietario que desee impugnar un acuerdo de la comunidad debe hacerlo basándose en argumentos legales sólidos y, si es necesario, buscar asesoramiento legal especializado para proteger sus derechos e intereses.
